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Uber apaga en Colombia el 1 de febrero


Cerca de 88 mil conductores y unos dos millones de usuarios en Colombia sentirán el impacto de la decisión tomada para cumplir el fallo del 20 de diciembre, emitido por la Superintendencia de Industria y Comercio, SIC, que ordenó la suspensión de operaciones de esa plataforma.

La escueta comunicación de directivos de Uber señala que la decisión de la SIC fue arbitraria y es contraria al ordenamiento jurídico colombiano, viola el debido proceso y derechos constitucionales. Y precisa que por eso la empresa apeló el fallo y está usando los recursos legales para defender a conductores y usuarios.

Mientras la SIC emitió la sanción con el argumento de que Uber violó la ley, al incurrir en competencia desleal, la afectada asegura que respeta la ley y las decisiones de las autoridades. Pero expresa que decisiones como la que tomó la SIC se deben a la falta de reglamentación del servicio de movilidad colaborativa mediante las plataformas tecnológicas.

Uber recuerda que fue la primera plataforma en ofrecer “una alternativa de movilidad innovadora y confiable”. De eso hace seis años. Pero que “es el primer país del continente en cerrarle las puertas a la tecnología”.

Aclaró que Uber Eats no está afectado por la decisión de la SIC. Por tanto los usuarios podrán tener acceso a la aplicación.

Se pronuncia el Ministerio de Transporte

Mediante comunicado, esa entidad del gobierno aclaró que el país “promueve la innovación y la inversión extranjera bajo las perspectivas de cumplimiento de la normatividad vigente, la legalidad y el cumplimiento de la Ley”.

Asimismo, recuerda que en Colombia existe neutralidad de la red, establecida mediante la Ley 1450 de 2011.

Igualmente, que para prestar el servicio de transporte de pasajeros existe una normatividad que exige procesos de habilitación soportados en las leyes 105 de 1993 y 336 de 1996. Agrega que esas leyes exigen que el Estado habilite tanto a las empresas como a los vehículos para prestar el servicio público de transporte. “Está prohibido -añade- prestar el servicio público de transporte en un vehículo privado”.

Asimismo, el Ministerio manifiesta en su comunicación que el servicio público de transporte de pasajeros en vehículos tipo taxi y mediante plataformas está regulado por el gobierno nacional con el Decreto 1079 de 2015 y habilitado por el Ministerio.

Finalmente, precisa que en el sector transporte “velamos por la prestación del servicio en condiciones de seguridad, calidad y legalidad. De ninguna manera estamos en contra del desarrollo tecnológico, apoyamos iniciativas de este tipo, pero debe protegerse la vida de los usuarios y la prestación del servicio público de transporte bajo las condiciones técnicas y jurídicas establecidas en la normatividad colombiana”.

Finalmente, el Ministerio reconoce que en el Congreso de la República se deben hacer las reformas “para prever estos fenómenos nuevos de economía colaborativa, que permita nivelar las reglas de juego para todos los actores determinando nuevas condiciones de habilitación”.

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