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Contralora de Medellín entregó balance de su "discreto" cuatrienio


La titular saliente de la Contraloría General de Medellín, Patricia Bonilla Sandoval, reconoció que apostó por un trabajo discreto durante el ejercicio de sus funciones.

Según dijo, bajo su conducción, entre 2016 y 2019, se ejecutaron acciones de gestión y control fiscal en todas las instituciones relacionadas con el manejo de recursos públicos en la capital antioqueña, tal como se desprende del informe final de su despacho.

En un resumen somero, por ejemplo, hubo 25 auditorías en el área de cultura y recreación. Los resultados, según el texto, aceleraron ajustes en los estados financieros del Inder y mejoras en los manuales de contratación de Telemdellín.

En el citado compendio se menciona una revisión al 10% de las instituciones educativas públicas de la ciudad. El 57% de los planteles inspeccionados evidenció antigüedad cercana a las 4 décadas en al menos uno de sus bloques. Y todas incumplen el Reglamento Técnico de Instalaciones Eléctricas.

Así mismo, se encontraron pagos del IVA en los contratos de obra pública cubiertos con recursos de los Fondos de Servicios Educativos. Esos contratos ascendieron a 15.000 millones en 2018, a pesar de que por ley están exentos de ese gravamen.

A las filiales energéticas de EPM, subrayó el informe, se les hicieron 14 audiencias regulares y seis especiales, en donde se estableció un cumplimiento del 100% del Plan General de Auditoría y se dictaminaron como limpios los estados financieros.

Uno de los hallazgos especiales en el cuatrienio está relacionado con el establecimiento público Olaya Herrera, ya que tuvo un incremento en los gastos de funcionamiento de más del 300% entre 2016 y 2018, a pesar de los planes de mejoramiento en ese rubro.

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